El estudio, gestionado por la oficina de UNICEF en el país, contó con la asistencia técnica del Programa Regional de UNICEF para Europa y Asia Central. Además, contribuyeron expertos nacionales e internacionales entre los que se encontraban, José Manuel Fresno como asesor en metodologías de investigación y, Stefan Meyer como experto en protección social.
Con este análisis se busca informar a las partes interesadas, tanto gubernamentales, como de la sociedad civil y proporcionar evidencias y orientación para la formulación de futuras políticas y una mejora de la prestación de servicios.
Metodología
En cuanto a la metodología, hay que resaltar que se encontraron numerosos desafíos, al realizarse el análisis en diciembre de 2019, debido a la COVID-19.
- Primeramente, se llevo a cabo un análisis del sistema a través de la revisión de publicaciones desde 1995 a 2020.
- Posteriormente, se realizaron entrevistas en línea y focus group con expertos, profesionales, gobierno, autoridades y representantes de los derechos de las personas con discapacidad. Además, más de 350 documentos fueron revisados en profundidad.
- En una segunda fase, el análisis se centró en los propios protagonistas del estudio, por lo que se llevaron a cabo cuatro estudios de caso y diez grupos de discusión con padres e hijos con y sin discapacidades.
Evaluación de los resultados obtenidos sobre las personas
A continuación, se exponen algunos de los resultados reflejados en el informe:
- A nivel judicial, ya sea como víctimas de delitos o como presuntos autores, a los niños, niñas y adolescentes no se les proporcionan suficientes salvaguardas para protegerlos contra la victimización y la manipulación.
- El programa nacional de desinstitucionalización no está teniendo los resultados esperados, ya que hay una falta de profesionales y de sistemas cualificados y de servicios adecuados cuando los niños abandonan los centros.
- Existe una institucionalización generalizada de los niños con discapacidad, falta de apoyo a las familias, discriminación financiera y una falta de acceso a servicios accesibles y asequibles.
- Además, se observa una situación de particular desventaja para las niñas y niños con discapacidades mentales.
Recomendaciones extraídas del informe
Una vez concluido el informe se extraen diversas recomendaciones que se identifican según la prioridad a corto, medio o largo plazo.
- Promover un enfoque unificado de identificación, basado en la Clasificación Internacional de Funcionamiento (ICF), que permita simplificar los procesos y desarrollar mecanismos y protocolos de cooperación.
- Identificación e Intervención Tempranas (EIEI): los mecanismos deben establecerse de manera eficiente y profesional. Mientras que la legislación prevé que la identificación se realice a nivel local, los participantes del estudio indican que no tienen capacidad para ello, por lo que es necesario habilitar una respuesta más adaptada y viable.
- Desarrollar un enfoque de gobierno integral hacia la educación inclusiva y la vida en comunidad. La inclusión social y educativa son responsabilidad del gobierno.
- Hablar de la discapacidad como una característica humana. A través de campañas de concienciación y sensibilización se debe comenzar a disipar los mitos que rodean a la discapacidad y brindar información básica y precisa a la población en general.
- Fomentar la cooperación estratégica entre servicios gubernamentales y el Tercer Sector.
- Permitir que los servicios de estadísticas nacionales informen sobre la discapacidad, discriminación e inclusión.
Skye Bain
Project Manager en el área Internacional
Especializada en proyectos europeos relacionados con la inclusión social y los derechos humanos.
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José Manuel Fresno
Fundador y director
Fundador y director, especializado en asuntos europeos, Tercer Sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y posicionamiento estratégico.
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