¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora

El estudio identifica un total de 99 prestaciones para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias (21 nacionales y 78 autonómicas, generales y específicas). Su análisis conjunto pone en evidencia una serie de limitaciones a la hora de asegurar la protección social de estas familias:

• Una cobertura económica limitada, en relación con el sobrecoste que la atención a la discapacidad supone.
• Dispersión y complejidad en el acceso a algunas prestaciones.
• Disparidad en el apoyo económico entre comunidades autónomas.
• Falta de especificidad para la discapacidad intelectual.
• Falta de orientación a la autonomía de las personas.

Además, el estudio constata que, por la manera en que están desarrolladas, las prestaciones tienden a desincentivar la incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad. En este sentido, los apoyos compensan en muy escasa medida el sobreesfuerzo de las familias de personas con discapacidad, lo que reduce su capacidad adquisitiva y, además, impide a las personas con discapacidad intelectual desarrollar su proyecto de calidad de vida y de sus plenos derechos.

Por último, se destaca que ni el Estado ni las comunidades autónomas han empleado los mecanismos fiscales para compensar este sobrecoste y las desigualdades que supone la discapacidad intelectual. El análisis del tratamiento fiscal de la discapacidad intelectual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones así lo pone de manifiesto. Las diferencias entre comunidades autónomas son patentes al igual que en las prestaciones: por tanto, una persona con discapacidad intelectual no tiene las mismas oportunidades según donde resida.