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Cuestiones a resolver en la lucha contra delitos de odio: la infradenuncia y la recopilación de datos

12/11/2018

Alia Chahin

Las administraciones públicas son responsables de diseñar e implementar medidas que permitan luchar de forma adecuada contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Estas medidas (leyes, políticas, programas…) deben prevenir, contrarrestar y sancionar sus manifestaciones, en particular si son constitutivas de los llamados “delitos de odio”.

En España, en los últimos años se han ido mejorando los instrumentos legales y políticos destinados a este fin, siguiendo una línea marcada por la normativa europea (la Decisión Marco del Consejo de 2008 y la Directiva Europea de 2012). En la actualidad, el Gobierno quiere darle al tema un nuevo impulso y está trabajando en la elaboración, con la colaboración de los agentes sociales especializados, de un Plan de Acción contra Delitos de Odio.




En esta tarea, sin embargo, tanto los actores sociales como lo poderes públicos, nos encontramos ante el reto de trabajar basándonos en una información parcial, pues existe un grave problema de ausencia de datos e información sobre esta problemática, principalmente debido a un nivel de denuncia de incidentes y delitos de odio muy reducido, y también a una insuficiente aplicación de los protocolos de recogida de información por parte de los poderes públicos.

El número de denuncias de incidentes y delitos de odio es muy reducido

Según el último informe sobre delitos de odio, en 2016 se reportaron 1.272 incidentes, un 4,2% menos que en 2015. Esta cifra es muy inferior a la que recogen otros de tamaño similar al nuestro como pueden ser Reino Unido (80.393 casos entre 2016 y 2017) o Alemania con 11.000 casos registrados en 2016. Según la OSCE, algunas de las causas que pueden estar provocando esta tendencia a la infradenuncia por parte de las víctimas podrían ser:

  • Miedo a la revictimización o represalias de los perpetradores.
  • Sentimientos de humillación o vergüenza de ser víctima.
  • Incertidumbre sobre cómo o dónde reportar el incidente..
  • Falta de confianza de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrán ayudar o continuarán con su caso de manera seria o efectiva.
  • Miedo a una deportación, cuando se trata de personas indocumentadas.
  • Para personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGBT), miedo a desvelar su identidad o estado.
  • La víctima no considera que el incidente haya sido un acto criminal.

El conocimiento y uso de la normativa y protocolos vigentes por parte de los poderes públicos es limitado.

La OSCE destaca que otro de los principales motivos por los que no se están registrando un mayor número de incidentes de odio y discriminación tiene que ver con el conocimiento y uso de la normativa y protocolos vigentes por parte de los poderes públicos:

  • Falta de comprensión de lo que constituye un crimen de odio.
  • Falta de capacitación sobre cómo tratar y entrevistar a las víctimas de crímenes de odio.
  • Reconocimiento inadecuado de los diferentes grupos de víctimas que pueden ser atacados.
  • Ausencia de orientación política sobre cómo reportar crímenes de odio.
  • Uso de formularios de informes que no incluyen espacios específicos para denunciar posibles crímenes de odio.

¿Qué avances serían necesarios en los próximos años?

Las políticas basadas en la evidencia son la única manera de poder transformar la realidad de manera efectiva, pero la infradenuncia y la falta de datos oficiales consistentes y periódicos impiden contar con información real y fidedigna para la toma de decisiones.

Por ello, es muy importante que en las políticas y herramientas contra delitos de odio se diseñen e implementen medidas efectivas, dirigidas a:

  • Las potenciales víctimas, para que se sientan empoderadas para denunciar un incidente cuando se produzca y sepan dónde y cómo hacerlo, y sobre todo que esto no tendrá un efectivo negativo en sus vidas. Un ejemplo de ello es el Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación, adscrito a la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad de la Vicepresidencia del Gobierno (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad), gestionado con la participación de entidades sociales profundamente implicadas y con una amplia experiencia en la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación racial o étnica.
  • A las autoridades responsables de implementar las políticas, para que sepan apoyar a las potenciales víctimas ante una denuncia de un incidente o delito de odio y recopilen la información de acuerdo a los protocolos vigentes.
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