Los sistemas universales de protección de la infancia marcan la agenda a nivel global, europeo y español

La Agenda 2030 y sus ODS incluyen el establecimiento de sistemas que garanticen los ingresos mínimos para abolir la pobreza infantil. Entre los 17 objetivos más importantes, el primero se enfoca en la pobreza. Precisamente, una de sus metas más discutidas es la 1.3 que dice lo siguiente:

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

A nivel global, se organizó un evento a gran escala para discutir la herramienta de Universal Child Grants como una medida clave para la inclusión social de niños y niñas. A raíz de la conferencia, las dos agencias multilaterales a cargo de los temas relacionados con el empleo– OIT – e infancia – UNICEF – han publicado de manera conjunta un informe histórico que relaciona el estado de atención de los niños con planes de bienestar a nivel mundial. Reclama una expansión progresiva de fondos universales para la infancia. Así mismo, una conferencia reciente organizada por la OCDE, la Comisión Europea y el Gobierno de Finlandia reunió a profesionales y analistas de todo el mundo para discutir las mejores prácticas a la hora de extender los planes de bienestar social. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social ha publicado un informe que reflexiona sobre la relación entre la desigualdad, la protección fiscal y la protección social.

A nivel europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales ha denunciado recientemente el incremento de la tasa de pobreza y abandono infantil en los círculos intergeneracionales de la pobreza. El Principio 11 del Pilar Europeo de derechos sociales no ha visto aún el despliegue de sus obligaciones hacia los gobiernos nacionales. Desde 2015, el Parlamento Europeo ha pedido una Garantía de la Infancia que establecería ciertas condiciones de vida mínimas para todos los niños y niñas. Un estudio del Parlamento Europeo reitera la necesidad de usar de forma más estratégica los fondos europeos para luchar contra la pobreza infantil. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil demandan a la UE que asuma entre sus competencias la protección de los niños contra la pobreza y la privación y que ponga dinero sobre la mesa. Por ahora la Comisión lo ha abordado mediante un estudio de viabilidad.

En España, la figura que se ha creado recientemente, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, ha prestado atención política al escándalo de la pobreza infantil en nuestro país. De acuerdo con el examen anual de la UE (página 44), la política española de protección de la infancia está mal equipada en tamaño y es ineficiente para llegar a las personas más necesitadas. Esto fue confirmado por un estudio que monitorea la actuación española en la recomendación de la UE 2012 sobre “Invertir en infancia”.

Como podemos ver, hay un gran impulso hacia el diseño y la creación de mecanismos de protección social eficientes para niños y niñas en todo el mundo. Y lo más interesante es que este proceso está conduciendo a una agenda verdaderamente global con un marco global y compartido (ya sea ODS o Pilar Europeo). Una gran voluntad política para transformar el estado de bienestar, las propuestas técnicas que se adaptan mejor a las nuevas realidades y un consenso social cuidadosamente generado son los ingredientes que podrían producir avances reales en este tema. Por fin.