Los retos actuales de los servicios sociales en España

Los servicios sociales tienen un papel fundamental para asegurar el bienestar, la igualdad de oportunidades y la vida digna de todas las personas. En un contexto de constantes cambios demográficos, laborales y tecnológicos es cada vez más necesario que estos servicios evolucionen y se adapten a los nuevos tiempos.

Los retos actuales de los servicios sociales

En este post, abordaremos los tres grandes retos actuales de los servicios sociales en España:

§  La falta de financiación.

§  El modelo de intervención.

§  Los sistemas de gestión, organización e información.

A estos tres retos se suma, además, la alta feminización del sector, donde las mujeres representan casi ocho de cada diez personas remuneradas en las entidades (77,8%) según el Barómetro del Tercer Sector en España 2022 (POAS). Se trata de un factor transversal que conecta, en concreto, con la falta de financiación del sector y con unas malas condiciones laborales, especialmente en el ámbito de los cuidados.

Finalmente, también es importante mejorar la articulación de una participación mixta (pública, de mercado, de las entidades sociales) en la provisión de los servicios.

Los grandes retos de los servicios sociales en España en 2024

EL RETO DE LA FINANCIACIÓN​

El gasto dedicado a los servicios sociales se ha incrementado a lo largo de los últimos años, pero, si miramos el presupuesto público, el porcentaje dedicado a estos servicios sigue aún muy por debajo del presupuesto dedicado a otros ámbitos. Por ejemplo:

  • en el ámbito de las pensiones el gasto está por encima del 13% y se va a situar próximamente en un 15%.
  • en la sanidad, más del 8% y creciendo.
  • en la educación, cerca al 5%.

En cambio, en el caso de los servicios sociales el gasto es un poco superior al 2%. Si acudimos al ejemplo de otros países, Francia tiene una dotación para los servicios sociales que prácticamente supera el 4% de su presupuesto público.

Esta falta de inversión en los servicios sociales en España refleja un problema significativo de falta de conciencia social sobre la importancia de estos servicios. Sin embargo, esto es algo que podría cambiar en los próximos años a medida que la generación del baby boom, compuesta por personas nacidas entre 1958 y 1975, comience a jubilarse. Debido a su edad, esta generación, que representa el 26% de la población española según el INE, generará en un futuro cercano una demanda creciente de apoyo y cuidados de larga duración. Y, en este contexto, los servicios sociales deberán ser fundamentales en su provisión.

Si tenemos en cuenta que la generación del baby boom ha sido reivindicativa y ha luchado por el divorcio, el aborto, los derechos LGTBI y muchos otros derechos, es previsible que no se conforme con unos servicios sociales precarios. En consecuencia, podría producirse un aumento significativo del gasto destinado a los servicios sociales. Desafortunadamente, también nos enfrentamos a un mercado de trabajo que no está suficientemente cualificado, lo que tiene repercusiones en la recaudación fiscal.

Estos dos factores unidos, una mayor demanda de servicios sociales y una menor recaudación fiscal, hacen necesario habilitar otras formas de financiación para los servicios sociales, entre ellas el copago. En un modelo de bienestar social redistributivo como el nuestro, este tipo de medidas deberán adoptarse de manera gradual en función de los ingresos individuales, de forma que aquellas personas con mayores recursos contribuyan proporcionalmente más mientras que quienes tienen menos recursos puedan beneficiarse en mayor medida de los servicios sociales.

El reto del modelo de intervención

El modelo de trabajo de los servicios sociales, al menos en su concepción teórica, tiene un enfoque centrado en la persona que en teoría proporciona itinerarios personalizados de atención, procesos de acompañamiento, posibilidad de elección y apoyos para fomentar la autonomía individual. Pero la realidad es que, en la práctica, los servicios sociales, en muchos casos, no obedecen a ese modelo.

Por ejemplo, en los centros de servicios sociales se invierte un tiempo considerable en la gestión, los procesos y las tramitaciones, en lugar de dedicarlo al acompañamiento personalizado de las personas. Asimismo, en el sistema de dependencia, muchos recursos se relacionan más con la prestación de cuidados y atención que con la promoción y el apoyo a la autonomía y a los proyectos de vida individuales.

Es necesario un cambio cultural dentro del modelo, pero es improbable que se produzca en periodo de tiempo breve. La limitación de recursos, mencionada anteriormente, y la inercia con la que se actúa, hacen que se sigan invirtiendo los recursos en los servicios ya en marcha y que refuerzan el actual modelo de intervención en vez de transformarlo. Esta dinámica obstaculiza la innovación y transformación de los servicios sociales, dado que dichos cambios demandan tiempo, presupuesto y procesos de maduración que requieren varios años. Las Leyes de servicios sociales se basan en derechos subjetivos, pero en muchos casos estos derechos no son realizables

Por poner un ejemplo, para lograr una desinstitucionalización de los cuidados, se debería reorientar el modelo de atención residencial a un modelo de servicios basados en la comunidad y apoyo personalizado, pero si el incremento de presupuesto del sistema de dependencia se invierte mayoritariamente en servicios institucionales, es muy difícil hacer esta transformación.

El reto de la gestión, organización e información

Los sistemas de gestión, organización e información de los servicios sociales fueron concebidos en los años 80. Es un modelo que ha evolucionado, pero que tiene todavía mucho del siglo pasado.

Por ejemplo, la descentralización de la atención primaria en los municipios y la atención especializada en las comunidades autónomas tienen muchas limitaciones. Los derechos se deben garantizar a todas las personas independientemente del territorio en el que se encuentren.  Los países nórdicos, como Suecia o Finlandia, que siempre han sido municipalistas, están ahora en procesos de reorganización territorial de los servicios sociales pasando sus competencias a un ámbito territorial superior. de mayor escala.

Hemos de encontrar un papel equilibrado de los distintos niveles de la administración pública en los servicios sociales. La Unión Europea, por ejemplo, funciona con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en su relación con los estados miembros. Este mismo principio debería regir las relaciones entre la administración central y las comunidades autónomas en el campo de los servicios sociales. Es imprescindible un papel de la administración central del Estado en el campo de los servicios sociales, para el que desafortunadamente la Constitución proporciona bases legales muy limitadas.

Por otro lado, los sistemas de información son todavía bastante precarios. Esta falta de información redunda en una falta de políticas basadas en evidencias. Es imprescindible demostrar el valor de los servicios sociales a través de los datos, estudios y evaluaciones. Actualmente, se está invirtiendo en la historia social única, que recoge de forma unificada el conjunto de ayudas y servicios sociales que percibe cada persona, pero para ver su impacto es necesario que pase aún un tiempo. En todo cao es necesario invertir mucho más en la evaluación y la programación, aspectos a los que se dedican presupuestos irrisorios.

Todas ellas son cuestiones organizativas que se deben ir actualizando, especialmente en un contexto en el que la sociedad cambia muy deprisa y los procesos organizativos están avanzando a un ritmo alto debido a la digitalización, las nuevas tecnologías, los sistemas de información y la gestión de los datos y la llegada de la Inteligencia Artificial Generativa. En este ámbito, los servicios sociales tienen una gran oportunidad y un gran recorrido.

A continuación, abordaremos otros dos aspectos fundamentales que conectan con los retos anteriormente expuestos: la alta feminización del sector y la participación mixta entre administraciones públicas, entidades sociales y empresas en la provisión de servicios.

Feminización en los servicios sociales

La alta feminización de los servicios sociales está relacionada entre otras razones con la falta de financiación. Las malas condiciones de trabajo y la precariedad afectan especialmente a las mujeres y, en concreto, al sector de los cuidados.

En toda Europa hay mucha preocupación por la carencia de recursos humanos dispuestos a trabajar en el ámbito de los cuidados. Esta preocupación también se manifiesta de manera creciente en España. Esta carencia, tiene que ver con la ausencia de personal dispuesto a trabajar en ese ámbito, pero también con las bajas remuneraciones y con las condiciones de trabajo que en muchos casos son precarias.

El cuidado, la formación, reconocimiento y acompañamiento de las personas que ejercen las tareas de cuidados, sobre todo mujeres, es un tema muy crítico y preocupante en toda Europa, que no se puede resolver únicamente mediante la incorporación de la tecnología. Si bien la tecnología en el ámbito de los cuidados es un aspecto fundamental, las experiencias más avanzadas, como la japonesa, han demostrado que la implementación de tecnología puede mejorar la calidad de la atención, pero no solucionan la necesidad de mano de obra en este sector. Por lo tanto, esta cuestión plantea un desafío significativo y requiere una reflexión cuidadosa en el ámbito de los servicios sociales.

Participación del sector público, las empresas y las entidades sociales

Estado y sociedad civil deben de cooperar estrechamente en la provisión de bienes públicos, y esto afecta también a los servicios sociales. El principio a seguir no ha de ser el de la subsidiariedad sino el de la complementariedad. La tradición centroeuropea entiende que “estado fuerte y sociedad civil fuerte”. Es decir, que para tener una sociedad cohesionada necesitamos unas administraciones públicas bien dotadas de recursos y bien organizadas. Y necesitamos también una sociedad civil fuerte y madura y activa en la provisión de servicios.

La función de las entidades del Tercer Sector respecto a los servicios sociales y a otras políticas es como una moneda de doble cara. Una cara es la defensa de los derechos. Y otra es el desarrollo de servicios. Si el Tercer Sector se dedica exclusivamente a defender derechos, pero no muestra cómo hacer las cosas mejor, le falta legitimidad. Si, por el contrario, se dedica exclusivamente a prestar servicios, se diferencia poco de las empresas mercantiles proveedoras de servicios.

Por lo tanto, en este equilibrio entre defensa de derechos y desarrollo de servicios es donde está la función del Tercer Sector. En determinado tipo de entidades, este equilibrio está más escorado a la prestación de servicios que a la defensa de derechos, pero ambos aspectos son siempre importantes.

Otro aspecto a tener en cuenta es la participación de empresas mercantiles en la prestación de servicios sociales. En la actualidad, esta dinámica es una realidad creciente en todos los países europeos y su prominencia continuará en aumento, ya que se observa un creciente interés económico de las empresas en la provisión de estos servicios. En este post, profundizamos sobre la cooperación público-privada en el ámbito social. Las empresas cumplen un papel muy importante en la provisión de determinados servicios, pero aquí la regulación, la garantía de la igualdad de oportunidades, etc., son fundamentales para evitar que los servicios se sometan a la lógica de la mercantilización.

Frente a la participación privada, las entidades del Tercer Sector aportan un valor añadido significativo, particularmente en los servicios personales que demandan un fuerte vínculo con las personas. Aspectos como la cercanía, continuidad, implicación de las familias, del entorno y el trabajo comunitario, entre otros, son áreas en las que las entidades sociales están considerablemente más capacitadas que las empresas mercantiles. Por ello, es fundamental que la Administración Pública favorezca el rol preferencial de las entidades sociales en la prestación de determinados servicios, porque prestan estos con valores diferentes a los de las empresas mercantiles, que no poseen el mismo tipo de vínculo con el entorno y se mueven por los beneficios económicos.

Para asegurar la financiación de las entidades sociales, la Administración Pública puede implementar diferentes fórmulas de cooperación, como convenios, conciertos, licitaciones, subvenciones, etcétera. En este post, abordamos la colaboración entre ONG y administraciones públicas, así como los diferentes instrumentos de financiación disponibles.

En concreto, el concierto social, por la naturaleza en la que en la que se fundamenta, es muy apropiado para la colaboración con las entidades sociales y las administraciones públicas. Frente a la contratación pública, que es una compra de servicios, el concierto es un sistema por el cual la Administración Pública acredita a entidades que cumplen las condiciones para proveer determinados servicios.  Esta fórmula garantiza cuestiones relacionadas con la continuidad y la estabilidad en mejor medida que la contratación, a la vez que favorece la mejora continua y la adaptación a las necesidades. Desafortunadamente, aunque 15 comunidades autónomas han regulado el concierto social, su aplicación práctica deja mucho que desear. Puedes conocer más sobre el concierto social en nuestro post.

Retos que requieren acción inmediata

En resumen, los servicios sociales se encuentran actualmente muy tensionados por las limitaciones presupuestarias en un contexto de cambios demográficos y crecimiento de la demanda. Todo ello además ante una serie de retos que requieren atención y acción inmediata. La falta de financiación adecuada, un modelo de intervención en muchas ocasiones obsoleto, la necesidad de una gestión más eficiente, la alta feminización del sector y la participación de entidades sociales y privadas son solo algunos de los aspectos que demandan una respuesta colectiva y comprometida y una toma de conciencia tanto a nivel político como en la sociedad de que los servicios sociales están llamados a ser un pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar social. Pero su universalización efectiva no será posible si no hay una apuesta decidida por situarlos en el puesto que se merecen.

Si quieres puedes escuchar nuestra participación íntegra en la mesa de debate “Innovación y cambio social como respuesta a los retos de los servicios sociales”.

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Equipo Fresno José Manuel Fresno

José Manuel Fresno

Fundador y director

Fundador y director, especializado en asuntos europeos, Tercer Sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y posicionamiento estratégico.
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