Vivimos en un contexto de cambios sociales y de revisión de los modelos de bienestar social, en el que se están produciendo transformaciones importantes:
• tanto en la manera de entender el papel de las administraciones públicas y las entidades privadas en la producción del bienestar,
• como en las fórmulas e instrumentos jurídicos que se usan para instrumentar dicha colaboración.
Las administraciones públicas son responsables de diseñar e implementar medidas que permitan luchar de forma adecuada contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Estas medidas (leyes, políticas, programas…) deben prevenir, contrarrestar y sancionar sus manifestaciones, en particular si son constitutivas de los llamados “delitos de odio”.
Desde la aprobación en 2012 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, cada año se realiza un informe de progresos al objeto de hacer seguimiento de las medidas que se implementan.
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